El Gobierno envió hoy al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre para tratar un proyecto de ley de «solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica».

El Poder Ejecutivo envió únicamente el decreto que convoca a extraordinarias a partir de este viernes y el temario donde figura esa iniciativa, pero no remitió todavía el texto que deberá tratar el Congreso.

No se descarta que se trate de un proyecto que contenga diversas declaraciones de emergencia (económica, social, sanitaria), entre otros temas, lo que suele denominarse «ley ómnibus».

La idea de la Cámara de Diputados es sesionar el próximo miércoles y el Frente de Todos espera avanzar rápidamente con la sanción de la que sería la primera ley de la gestión de Alberto Fernández.

Desprovisto de una mayoría propia en esa Cámara pero con posibilidades de lograrla en acuerdo con otros bloques, el oficialismo ya abrió el último el diálogo con la oposición para tratar de armar un cronograma.

La declaración de emergencia económica genera ruido en Juntos por el Cambio debido a que le confiere a la Jefatura de Gabinete las facultades para reasignar partidas presupuestarias sin pasar por el Congreso.

Así se lo anticipó el jefe de ese interbloque a su par del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en la reunión que mantuvieron el último miércoles.

Massa y Kirchner, según supo NA, le aseguraron al diputado radical que la reasignación de partidas no superaría el equivalente al 5% del Presupuesto, mismo límite que el peronismo le puso al gobierno de Mauricio Macri en 2017, el último año en que rigió la emergencia económica.

La Coalición Cívica, que integra el interbloque opositor, ya manifestó públicamente su rechazo cerrado a la posibilidad de votar cualquier delegación de facultades al Poder Ejecutivo, mientras la UCR y el PRO augardan aguardan a ver los artículos del proyecto.

La agenda de las sesiones extraordinarias incluye otros dos proyectos que deben aprobarse todos los años: la autorización para que el Presidente salga del país y el permiso para la entrada y salida de tropas para ejercicios militares.