ROSSI NEGÓ QUE SE TRATE DE UN «INTENTO DE EXPROPIACIÓN» LA IDEA PARA QUE EL ESTADO SE QUEDE CON ACCIONES DE EMPRESAS QUE AYUDÓ

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó hoy que se trate de «un intento de expropiación generalizada» el proyecto para que el Estado se quede con acciones de empresas a las que asistió durante la pandemia y dijo que le «parece bien» la idea de cobrar una tasa a grandes riquezas.

Respecto de ambas iniciativas, surgidas en el oficialismo, Rossi aseguró que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, «comparten» esa postura.

«No me parece un intento de expropiación generalizada», consideró el funcionario en declaraciones radiales, en referencia a la iniciativa de la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos para que el Estado capitalice acciones de compañías a las que durante la cuarentena apuntaló financieramente con el pago de salarios.

Este mecanismo fue impulsado por el Gobierno para evitar que cientos de empresas afronten graves dificultades económicas en medio de la pandemia del coronavirus y para eso implementó el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Con el visto bueno de Rossi, el proyecto de Vallejos sigue sumando apoyos dentro del Gobierno para que puede ser tratado en el Congreso aunque aun no tiene formato de ley.

En los últimos días, también expresaron respaldo los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Educación, Nicolás Trota.

Por el contrario, desde la oposición rechazaron la idea y aseguraron que se trata de una iniciativa con características «confiscatorias».

En cuanto al proyecto oficialista para aplicar una tasa a las grandes riquezas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anticipó que durante la semana se definirá el cronograma legislativo que permitirá tratarlo.

«Esta semana me voy a reunir con (el presidente del bloque del frente de Todos) Máximo Kirchner para fijar adecuadamente el cronograma para empezar a tratarlo», sostuvo el legislador.

El proyecto alcanzará a quienes hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos: arrancará con una alícuota de 2% y se aplicará de manera gradual hasta un máximo de 3,5%, para quienes tengan un patrimonio superior a 3 mil millones.