RECOMENDACIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD FRENTE AL COVID-19

A partir de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria contenida en el DNU 260/2020 -a consecuencia de la pandemia por la propagación de casos de coronavirus COVID-19, la defensora general de la Nación dictó ayer la Resolución DGN N° 285/20 efectuando ciertas recomendaciones a las defensoras y defensores públicos federales y en lo criminal y correccional de la CABA. 

En primer lugar, se recomendó a los/as magistrados/as o funcionarios/as a cargo de las referidas dependencias y de todas las instancias que presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad, frente a la pandemia que justificó la declaración de emergencia sanitaria por DNU N° 260/2020, y que verifiquen y reclamen cuando sea necesario que se asigne el tratamiento adecuado.

Asimismo, se les recomendó que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Con igual criterio, se recomendó una vez mas y en concordancia con lo que se dispusiera por Res. DGN N° 928/2019 que, en todo contexto en que se adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención, inicien o continúen el trámite de acciones de habeas corpus ante los/as magistrados/as competentes.

Paralelamente, se solicitó a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la adopción, con carácter urgente, de un protocolo especifico para la prevención y protección del coronavirus COVID-19 en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas vinculadas a ellos.

En los considerandos de la resolución, la defensora general hizo hincapié en la necesidad de que frente a la coyuntura, la Defensa Pública asuma un rol proactivo para detectar a quienes necesitan de atención médica, y reclamar las medidas adecuadas y ágiles que la situación exija, ante los responsables administrativos del ámbito de detención y el Poder Judicial de la Nación como garante de derechos.

Por último, se decidió poner en conocimiento de la resolución a la Comisión de Emergencia Carcelaria, al Sistema Insterinstitucional de Control de Cárceles y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.