El Gobierno nacional recuperará para sus arcas recursos públicos que la anterior gestión había cedido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desató la polémica en torno a la coparticipación.

La justificación para haberle cedido a la Ciudad esos recursos fue el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad; ahora, para quitarlos, el Gobierno dice que la Capital ya cuenta con muchos recursos propios por habitante.

En paralelo, y a pesar de ser el distrito con más recursos propios, el actual gobierno decidió revertir la política del anterior gobierno y restableció los subsidios nacionales a los servicios públicos del área metropolitana.

Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), «este entuerto se produce porque se considera imposible discutir un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos».

La Constitución estableció que un nuevo régimen de coparticipación debía ser sancionado en 1996, pero ya se está próximo a entrar a un cuarto de siglo incumpliendo con este mandado.

«Lo más pernicioso es que se hacen modificaciones a la coparticipación de manera opaca, discrecional y arbitraria a través de diferentes vericuetos legales y no a través de los canales institucionales», dijo Idesa.

En el 2019, la distribución automática de impuestos entre la Nación y las provincias fue de 2,7 billones de pesos.

De este monto, el 40% fue a la Nación (que adicionalmente recibe el impuesto al cheque y los recursos de seguridad social y aduaneros) y el 60% se distribuyó entre las provincias.

Entre este 60% que fue a las provincias se observa que: Buenos Aires recibió el equivalente a $21 mil por habitante; la Ciudad Autónoma recibió $28 mil por habitante; el resto de las provincias recibió en promedio $48 mil por habitante.

«Estos datos muestran el primer indicio del desorden de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires recibe por habitante menos de la mitad de lo que reciben el resto de las provincias», dijo Idesa, tras considerar que falta la discusión ordenada en 1994.