El fondo Burford Capital, que demanda a la Argentina por unos US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, no pudo lograr un fallo favorable inmediato de la jueza a cargo del caso en Nueva York.

La magistrada Loretta Preska sugirió a las partes tratar de llegar a un acuerdo vía «negociación», lo cual no ocurrió, por lo que la semana próxima definiría un cronograma sobre cómo continuará la demanda.

Burford sufrió un primer revés en su intento de que la magistrada desestimara una presentación del gobierno de Mauricio Macri para que el litigio se ventile en los tribunales de la Argentina.

«Hay elementos para acreditar el caso que no habían sido anteriormente evaluados por Preska, porque la presentación que hizo el gobierno de Cristina Kirchner no los había aportado», explicó una fuente oficial citada por Clarin.com.

Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.

Puede mandar a juicio a la Argentina o iniciar los procesos de «discovery» o búsqueda que, según el gobierno de Mauricio Macri, podrían demostrar el fraude en la adquisición de los derechos del grupo Petersen por parte del fondo Burford.

Tras presentar una denuncia por fraude en la venta accionaria de YPF, los representantes legales de la Argentina -el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y la representación local en Estados Unidos, del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom- fueron en busca del juicio para ir al fondo del conflicto y, frente a nuevas pruebas, intentar otra vez que se juzgue en la Argentina.

«Estos reclamos pueden ser solo juzgados en la Argentina por una cuestión de jurisprudencia, establecida en leyes argentinas», sostuvo una de las abogadas defensoras.

Señaló que la inversión original que permitió la compra de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora deviene de «negociaciones corruptas».

Preska consultó de qué manera eso podía influenciar el reclamo representado por Burford Capital.

«No lo entiendo, asumamos que es cierto», dijo la magistrada, y consultó «¿Por qué esto invalidaría la compraventa de acciones y el reclamo?».

La representante legal de la Argentina explicó que en el país si unas acciones parten de un negocio corrupto es «ilegal beneficiarse de ellas».

En cambio, el abogado de Burford Capital declaró que las acciones son de «libre transacción y no hay problema con ello».

Después de unos 40 minutos de un ida y vuelta fuerte, la magistrada -que se mostró dura ante ambas partes- sugirió que los abogados se reúnan para evaluar la posibilidad de un acuerdo, lo cual no ocurrió.

«Fue duro pero positivo. Se rechazó el juicio sumario y la jueza dejó en claro que había cosas que discutir», dijo una fuente de la defensa argentina a LaNacion.com.

La estrategia final de la defensa argentina es que Burford desista de litigar, ya que para iniciar un juicio deberían pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria.

Otro de los motivos por los cuales se cree que sería muy complejo llevar adelante el juicio en Estados Unidos es que la mayoría de los testigos reside en el país.

Representantes de la Argentina sostienen que sería prácticamente imposible el traslado de cada uno a un juicio en Nueva York.