REDUCIR EL GASTO PÚBLICO QUE NO SEA PRIORITARIO DURANTE LA PANDEMIA COVID 19, PUNTO CLAVE EN PROPUESTA EMPRESARIAL

Una reducción del «gasto público que no sea prioritario en el marco de la pandemia por el COVID-19» es uno de los capítulos centrales de la propuesta acercada por el sector empresarial al Gobierno, que incluye reducir 10% las erogaciones de todas las empresas estatales.

La iniciativa advierte que la Argentina tiene «un gasto público desmedido con respecto a su sector privado, que es quien lo mantiene».

«Esta puede ser una oportunidad para que se transfieran del sector público al privado no sólo recursos sino también empleos,si el Estado canaliza su ayuda para que este contrate cada vez más personas», indica el documento.

Propuesta:

1. Supresión de viáticos y gastos de representación.
2. Supresión del bonus de $10.000 a empleados públicos.
3. Suspensión de publicidad oficial con excepción de comunicados e instrucciones sobre la pandemia.
4. Suspensión de proceso de obras públicas no iniciadas y de compras no relacionadas con la salud.
5. Suspensión de contratación de nuevos empleados salvo en las áreas directamente relacionadas al Covid19.
6. Suspensión de pagos de aportes a sindicatos estatales y de empresas públicas mientras dure la cuarentena.
7. Que cada gerente general de cada empresa pública se comprometa a presentar un plan de acción para bajar gastos de 10% en la empresa que administra. Este plan debe ser presentado en 10 días al ministro correspondiente.
El paper destaca que «estas reducciones en gastos públicos pueden dar recursos para que el Gobierno Nacional, Provincias y Municipios, orienten sus mayores esfuerzos a que las Pymes puedan contratar nuevos empleados evitando que las administraciones públicas aumenten sus plantillas generando un mayor problema para el futuro».

«Esto lo pueden hacer con medidas innovadoras y audaces, como por ejemplo que el salario de los nuevos empleados contratados por las pymes durante 2020 y 2021 sean deducibles en un 50% de ingresos brutos y un 50% del impuesto a los créditos y débitos bancarios, o condonando deudas fiscales anteriores a la pandemia, que de cualquier modo después de esta crisis serán impagables por las pymes», indica la propuesta.

Propone que sea por por el plazo de 3 años y «siempre que la Pyme no despida sin causa justificada a ningún otro empleado por el mismo plazo del beneficio».

«El control de esta promoción a la contratación de mano de obra por el sector privado es muy simple para los sistemas impositivos actuales, y estamos seguros de que crearía un círculo virtuoso que en el mediano y largo plazo iría reduciendo el déficit fiscal crónico que tiene la Argentina, y que cada vez más personas estarían integrando planteles de empresas productivas en el país en lugar de depender del Estado», propone.

La iniciativa entiende que si la Argentina logra «un gasto público más efectivo sería necesario que Argentina cuente con una administración pública profesional y moderna, a la cual se acceda por concurso, se ascienda por meritocracia y que constituya el motor del Estado nacional, a pesar de los cambios políticos producto de las elecciones».

«Se podría tomar el ejemplo de países como Francia que cuenta con la Escuela Nacional de Administración fundada al finalizar la Segunda Guerra y que constituye la herramienta de una gestión pública profesional», indica.

Considera que «la pandemia del Covid 19 puede representar un punto de inflexión en la Argentina, para potenciar la producción y el empleo del sector privado, reduciendo el peso relativo del Estado».

Propone que «a mediano plazo, si el que contrata durante la crisis es el Estado, esos trabajadores o planes seguirán en el Estado una vez que la pandemia finalice. De lo contrario, si el estado subsidia a las pymes para que estas contraten, esos trabajadores seguirán en el sector privado produciendo valor económico para el país».