EL GOBIERNO LLAMÓ A CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS DE LA NUEVA AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA
- 4 junio, 2019
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El Gobierno nacional llamó hoy a concurso mediante convocatoria abierta para la cobertura de las autoridades superiores de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Podrán presentarse todos los aspirantes que procedan del ámbito público o privado, que reúnan los requisitos estipulados en las bases y condiciones exigidas para el perfil del puesto, según las pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo.
Los cargos a cubrir son el de presidente, vocal con título de abogado, vocal con título de grado o superior en Ciencias Económicas, secretario de concentraciones económicas y secretario instructor de conductas anticompetitivas.
A través de la resolución 146 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación llamó a concurso para la cobertura de los cargos de la nueva Autoridad Nacional de la Competencia.
La creación de la Autoridad Nacional de la Competencia fue establecida a partir de la nueva ley de Defensa de la Competencia (27.442), sancionada y reglamentada en mayo del año pasado, que se basó en normas antimonopolio a nivel nacional e internacional.
La Autoridad será autárquica, funcionando de forma independiente al Gobierno, lo que implica un cambio institucional a largo plazo, que trasciende a una administración y constituye una política de Estado.
La norma establece reglas claras y permitirá mayor transparencia en los mercados, favoreciendo el desarrollo sustentable de la economía argentina, y busca que las PyMEs no sean víctimas de prácticas anticompetitivas y que los consumidores tengan más alternativas, mejores precios y calidad.
Mientras se trabajó en la conformación de la nueva norma y se avanzó en la puesta en marcha de la constitución de la nueva Autoridad, el Ministerio de Producción y Trabajo fortaleció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La CNDC triplicó el número de dictámenes en relación al promedio de los últimos 10 años; redujo casi 40% el tiempo de análisis de concentraciones económicas; y realizó distintos estudios e investigaciones de mercado.
Además, se avanzó en algunos casos emblemáticos de conductas anticompetitivas, como el compromiso de desinversión de Prisma y las recomendaciones para mejorar el mercado de servicios de practicaje en los puertos, entre otros ejemplos.
