PIDEN USO «RACIONAL» DE PRISIÓN PREVENTIVA Y RECOMIENDAN ARRESTO DOMICILIARIO PARA EMBARAZADAS
- 12 diciembre, 2019
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En medio de la huelga de hambre en las cárceles bonaerenses, la Suprema Corte provincial emitió dos resoluciones en las últimas horas en las que entre otros puntos le pidió a los jueces que usen «racionalmente» la prisión preventiva y les recomendó también que las embarazadas detenidas cumplan el arresto en sus domicilios.
En ambas resoluciones, los jueces Eduardo de Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Eduardo Pettigiani, Sergio Torres, y la jueza Hilda Kogan, reconocen las «graves condiciones de alojamiento» y plantean como una posibilidad el traslado de presos al sistema federal o a otras provincias.
Las resoluciones, que surgen como respuesta al documento presentado por el Defensor de Casación Mario Coriolano en el que denunció un agravamiento de las condiciones de detención y la superpoblación, se dan a conocer en medio de una huelga de hambre que comenzó el pasado 5 de diciembre en varias cárceles provinciales.
La huelga de hambre era llevada adelante por más de 9.000 presos de las unidades penitenciarias 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, que denuncian superpoblación carcelaria y hacinamiento y reclamaban por el beneficio de la prisión domiciliaria, y el regreso de la Ley del 2×1.
La resolución de la Corte advierte «la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes».
En tanto, se hace mención a que se realicen «una serie de medidas frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense».
El máximo Tribunal provincial les recuerda a los jueces «la absoluta prohibición de alojamiento de menores y enfermos en dependencias policiales, a lo que debe añadirse las mujeres embarazadas.
Y le pide al Ejecutivo que «arbitre los medios necesarios» para que «en forma urgente» se atienda la situación de los detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas.
