La vicepresidenta Cristina Kirchner y el bloque del Frente de Todos salieron hoy al cruce de las acusaciones de la oposición sobre el presunto corte de la palabra en la última sesión, en el marco de la polémica por la comisión investigadora sobre la empresa Vicentin.

La respuesta comenzó con el porteño Mariano Recalde, que publicó en Twitter un video sobre la duración del debate que se dio el pasado miércoles en el Senado y señaló: «¿Dónde está la censura y el avasallamiento que denuncia la oposición? Si algo hubo en la última sesión fue debate».

«Dejen de mentirle a la gente y háganse cargo: no quieren que se investigue la deuda de Vicentin con el Banco Nación», agregó el senador por la ciudad de Buenos Aires en la publicación que, poco después, fue retuiteada por la vicepresidenta, con el signo de la carcajada.

Recalde se refirió así a las acusaciones por parte de Juntos por el Cambio de que la vicepresidenta apagó los micrófonos luego de la votación del proyecto, cuando según afirman pidieron la palabra para dejar asentada su postura de que no se había reunido la mayoría de dos tercios requerida por el reglamento para aprobar la iniciativa.

Poco después de la publicación de Recalde se sumó a la respuesta el chubutense Mario Pais, quien luego de denunciar una «potestad mediática de la oposición basada en un absurdo jurídico», contradijo los argumentos de la oposición respecto del reglamento.

Pais afirmó que el proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral Investigadora «no requiere de mayorías especiales como afirma el interbloque de Juntos por el Cambio» por tratarse de «una ley».

Y explicó: La oposición cita los artículos 86, 87 y 88 del Reglamento del Senado, los cuales son inaplicables en cuanto a la sanción de una ley, donde interviene la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo nacional, que debe promulgar la norma, pudiendo observarla total o parcialmente».

El pasado jueves, la oposición envió una carta a la presidenta del Senado en la que ratificó su acusación y sus objeciones reglamentarias y le pidió que no gire el proyecto a la Cámara de Diputados, pero el oficialismo mantiene su postura de que la aprobación del proyecto fue legal y, por lo tanto, debe seguir su curso.