El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, frente al inminente fallo de ese Tribunal que definirá la validez de la declaración de los arrepentidos en el caso de los cuadernos, aseguró que «es absolutamente significativo que quienes plantean la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido no sean los ni los arrepentidos ni sus abogados».

«No creo que la Cámara Federal de Casación Penal analice anular las confesiones de los arrepentidos en la Causa de los Cuadernos», aseguró el fiscal, quien dictaminó por la constitucionalidad de la declaración de los arrepentidos y sobre el cual ahora debe resolver la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

«No creo que un Tribunal de Derecho vaya a declarar la inconstitucionalidad de las confesiones de los arrepentidos», según declaró Pleé al programa Código F, en Radio Rivadavia.

Pleé dijo que con «la Ley del Arrepentido quienes han reconocido haber pagado sobornos son los responsables de la producción del 8 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina».

Uno de los cuestionamientos de las defensas es que la confesión de los arrepentidos no fue grabada con un dispositivo audiovisual pero para Pleé eso no es necesario y recordó que «el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya está rigiendo en Salta y Jujuy, no requiere ningún registro fílmico. Solamente requiere un acta».

«Es absolutamente lógico y fuera de toda posibilidad de crítica indicar que es necesario iniciar sí o sí un juicio oral», instó el fiscal, quien, además, fue crítico por la iniciativa de cambiar la ley para elegir al Procurador General de la Nación al reducir la votación a mayoría simple, y no de los dos tercios de los senadores.

«Hicimos una presentación de casi 80 fiscales dirigidas a Oscar Parrili (presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores) diciéndole que estábamos en desacuerdo. Un procurador tiene que ser fruto de un consenso político no de un gobierno de turno, ya sea éste y o cualquiera», agregó Pleé.

Para Pleé se busca «tener toda gente propia de un gobierno determinado» y que no se «investigue a los propios».